En la discusión sobre la crisis de las isapres, se ha planteado el enfrentamiento entre dos posturas: los que buscan la quiebra del sistema de administración privado como antesala a una reforma de la salud; y los que esperan un salvataje estatal a las Isapre.
El primer camino lleva a costos incalculables y probablemente desastrosos para usuarios y prestadores privados; el segundo, a la mantención de un sistema colapsado e ineficiente, que divide la calidad del acceso a la salud entre quienes pueden pagar y quienes no.
La crisis que hoy vive el sistema debe ser la oportunidad para que de una vez por todas transitemos planificadamente a un sistema universal de salud, con mancomunación de fondos, las actuales isapres como seguros complementarios, rol que en la práctica cumplen; y donde se reconozca la colaboración público-privada, cuyos beneficios quedaron de manifiesto durante la pandemia.
Modelos existen muchos, y deberemos buscar el (o los) que mejor responda a nuestra realidad y necesidades, pero lo que no puede seguir ocurriendo es que la falta de voluntad política, la inacción y los intereses particulares sigan extendiendo una situación que a todas luces se hace insostenible, con efectos nefastos sobre nuestro ya tensionado sistema de salud.
